A finales de septiembre la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, constituida por 118 diputados de 47 países, aprobó una Resolución sobre salud pública e industria farmacéutica.1 Dirigida a los gobiernos nacionales, propone medidas para acabar con la opacidad que rodea las relaciones entre compañías farmacéuticas, sistemas de salud y sus profesionales (véase el Cuadro 1).2
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